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De las 135 mujeres que fueron asesinadas por su pareja en España en los años 2010 y 2011, sólo una de cada cuatro había denunciado previamente a su agresor. A partir de los datos de ese período, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) publica un estudio en la revista GACETA SANITARIA en el que se concluye que no existe un menor riesgo de feminicidio entre las mujeres que denuncian la violencia de pareja. Por tanto, se observa un fracaso en las medidas legales de protección a las mujeres.

El 54% de las mujeres asesinadas que había denunciado previamente a su agresor tenía una medida de protección penal vigente en el momento de su asesinato, y sólo el 11,5% de las mujeres denunciantes se encontraba, según el protocolo de Valoración Policial de Riesgo, en una situación de riesgo alto o extremo. En el 46,1% de los casos se consideró bajo o inexistente.

“Este aspecto –argumentan las autoras y el autor de este estudio- podría tener importantes implicaciones en la prevención del feminicidio, puesto que cada nivel de riesgo obtenido en dicho protocolo lleva implícitas unas medidas policiales de protección de obligado cumplimiento”. La reforma para mejorar dicho protocolo, anunciada en 2014 por los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Justicia e Interior, todavía está pendiente de implementación.

Esta radiografía del feminicidio, pionera en nuestro país, ha detectado también que las mujeres inmigrantes expuestas a la violencia de pareja presentan un riesgo cinco veces superior que las españolas de morir asesinadas. De los resultados del estudio también se deduce que las mujeres que sufren violencia de pareja y viven en un entorno rural tienen una probabilidad casi tres veces mayor de feminicidio que las que residen en zonas urbanas. 

La edad media de las mujeres asesinadas durante el período de estudio, según los informes del Consejo General del Poder Judicial, fue de 41 años. La mayoría eran españolas (60,3%), seguidas por las procedentes de Ecuador (19,2%), Marruecos (17,3%) y Bolivia (9,6%). Las mujeres inmigrantes asesinadas eran mayoritariamente (57,7%) menores de 35 años, mientras que entre las mujeres españolas asesinadas las menores de 35 años constituían un 25,4%.

De las 75 mujeres en las que se conoce la existencia o no de hijos/as menores de edad, 49 (65,3%) tenían hijos/as menores en el momento de su asesinato. Este porcentaje fue mayor en las mujeres inmigrantes (82,3%) que en las españolas (54,3%). Por otro lado, de las 98 mujeres asesinadas de las que pudo conocerse su situación de convivencia, el 63,3% convivía con su agresor en el momento del asesinato.