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En el año 2013, el tribunal supremo indio denegó definitivamente a la multinacional farmacéutica Novartis la patente del mesilato de imatinib, comercializado como Glivec, un fármaco de gran interés para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Era la culminación de siete años de juicios, sentencias y apelaciones entre la compañía y el gobierno indio y de un proceso, conocido como el caso Glivec, que abrió todo un debate internacional sobre el sistema de protección de patentes, su impacto en la innovación y el acceso a los medicamentos en el Tercer Mundo.

Un equipo del departamento de farmacología, terapéutica y toxicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y del departamento de ciencias experimentales y de la salud de la Universidad Pompeu Fabra han analizado por primera vez en el último número de la revista GACETA SANITARIA la secuencia de hechos del caso Glivec, "el primer caso en que un conflicto local sobre patentes de medicamentos ha tenido una repercusión global y que supone un choque entre posiciones e intereses contrapuestos, el de la protección intelectual y la accesibilidad de los medicamentos", explican los autores en el artículo científico.

Los hechos se remontan al año 2005, cuando entró en vigor una modificación de la ley de patentes india y se introdujo una limitación para casos específicos considerados como no patentables. La sección 3d de la nueva ley excluye la posibilidad de proteger nuevas formas de una sustancia conocida que no suponga una "mejora de la eficacia", expresión que puede conducir a diferentes interpretaciones. Es el apartado al que se acogió la oficina de patentes india para rechazar la petición de Novartis, cuando la solicitó para la forma cristalina beta del mesilato de imatinib. El desacuerdo de la farmacéutica con la decisión abrió un debate no sólo sobre la patente sino sobre una interpretación de la norma jurídica que podía tener importantes consecuencias para la comercialización de muchos medicamentos en los países del Tercer Mundo.

La postura del gobierno de la India, que consideró que la forma cristalina beta del mesilato de imatinib no era un producto novedoso ni incrementaba su eficacia terapéutica frente a la primera patente, se erigió enseguida en pionera de la defensa de los intereses de los países en vías de desarrollo. No sólo defendía el fomento del amplio acceso a los medicamentos sino que potenciaba también las compañías farmacéuticas de medicamentos genéricos del país. No en vano, India se ha convertido en la tercera potencia mundial en producción de medicamentos. Un auge que, sin embargo, entra en conflicto con las normas internacionales de protección intelectual.

Las compañías farmacéuticas, por su parte, acusan a gobiernos como el indio de competencia desleal, argumentando la gran inversión que implica la comercialización de nuevos medicamentos debido a la investigación biomédica de alto riesgo y que la mayoría de avances farmacológicos no serían posible sin el apoyo de la industria. Argumentos que no convierten a estas empresas en inmunes a las críticas, como las que incluyen la práctica conocida como ‘evergreening’ y que consiste en extender la vida de una invención mediante una nueva patente que incluye pequeñas alteraciones sobre el compuesto protegido por la patente original.

El caso Glivec, por tanto, ha servido para aflorar el debate sobre la adecuación de las normas internacionales y su adaptación a cada país. "Si el sistema de patentes se justifica por el impulso de innovación", concluyen los autores, "también podría haber otras alternativas posibles que favoreciesen el adecuado acceso a los medicamentos y el fomento más equitativo de la salud pública. Existen alternativas como la adquisición de patentes mediante subasta por parte de países en vías de desarrollo, la discriminación de precios en función de los países con segregación de mercado o que los propietarios de patentes útiles en enfermedades globales puedan elegir entre protección en países ricos o protección en países pobres, pero no ambas".