La baja tasa de reconocimiento de enfermedades profesionales: un problema de salud pública estancado
La inmensa mayoría de la población mundial tiene que trabajar para poder subsistir. El primer punto del Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 recuerda a los legisladores que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Ante estas premisas, no parece aceptable que se permita que ningún ciudadano pueda desarrollar su actividad laboral en condiciones que le determinen un problema de salud. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 2 millones de personas mueren cada año por enfermedades y accidentes del trabajo, y que más 300 millones de personas sufren enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otro lado, en el caso de que una enfermedad profesional termine apareciendo, las legislaciones de la gran mayoría de países establecen que se debe compensar a la persona (o familia que depende económicamente de dicha persona) por ello. En este sentido cabe hacer mención de la “Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900” que en tal fecha fue aprobada en España. Dicha Ley regulaba las compensaciones por accidentes de trabajo (y también se podría asumir que se incluía lo que hoy consideramos enfermedades profesionales) de las que los patrones (empresarios) serían responsables en los accidentes (enfermedades) laborales de sus trabajadores. Pero por supuesto… para que las compensaciones se ejecuten, es necesario que las enfermedades se reconozcan como tales. Casi siempre que se deben pagar indemnizaciones las entidades pagadoras establecen mecanismos para evitar fraudes, lo que puede llegar a burocratizar el procedimiento e incluso dificultar que personas que merecen dicha compensación terminen no recibiéndola. Y por otro lado, actuar con criterios economicistas puede hacer perder el espíritu de justicia social inicial de las compensaciones provocando asimismo el mismo efecto
La realidad nos indica que existe una baja declaración (o una baja tasa de reconocimiento) de enfermedades profesionales a nivel internacional, que es mayor si cabe en el caso del cáncer profesional por ejemplo en países como España y seguramente también así sea en el resto de Iberoamérica. Los países con las tasas más bajas deberían plantearse modificar los procedimientos para facilitar que personas que han perdido su salud trabajando para poder subsistir puedan al menos, recibir alguna compensación al respecto. Un primer paso imprescindible es la existencia de una voluntad política afín al respecto. A partir de dicho punto ya se podría abrir un debate para identificar las barreras que impiden el reconocimiento de las enfermedades profesionales en cada uno de los países afectados, hacer propuestas de intervenciones, llevarlas a cabo, y llevar a cabo una evaluación de dichas intervenciones que garanticen que el camino iniciado nos lleve a buen fin.
Un ejemplo interesante de programa de actuación para mejorar la tasa de reconocimiento de cáncer profesional se está llevando a cabo en el Principado de Asturias en España, donde las autoridades sanitaria y laboral han constituido un grupo de trabajo multidisciplinar sobre cáncer profesional denominado Equipo de Valoración de Sospecha de Cáncer Profesional del Principado de Asturias (EVASCAP), además de estar en la fase de creación de un Registro de Trabajadores Expuestos a Cancerígenos y Mutágenos. Según reconocen los mismo impulsores del programa, la creación del EVASCAP es sin duda un factor clave del programa, pero que por sí sólo no garantiza resultados positivos si no fuese por las alianzas establecidas con otros agentes implicados en el proceso de reconocimiento de enfermedades profesionales: el Servicio Público de Salud, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Juan Alguacil Ojeda
Editor Asociado de Gaceta Sanitaria.
4 Comentarios a “La baja tasa de reconocimiento de enfermedades profesionales: un problema de salud pública estancado”
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21 agosto 2018
En un estilo decimonónico, acorde con la edad que uno va alcanzado afortunadamente, podemos decir que este es un problema secular. Posiblemente porque no es fácil de resolver. Hay que ser humilde. Existen muchos actores e intereses en medio. Desde la empresa y el trabajador, a la Seguridad Social y sus Mutuas colaboradoras, y el Sistema de Salud hasta los profesionales que ejercen su actividad en estas instituciones. Posiblemente sea la dificultad en la coordinación entre actores lo más difícil de romper este nudo gordiano. Tampoco hay que olvidar la dificultad de establecer una relación causa efecto en algunos problemas de salud.
Por ello es muy de agradecer esta iniciativa de Gaceta y de su Editor Asociado el profesor Alguacil. De manera especial hay que agradecer el enfoque de su nota, buscando ejemplos de iniciativas para resolver el problema, como es el el caso asturiano centrada en el cáncer ocupacional. Al que se podría añadir la iniciativa valenciana para ayudar a que se aplique el famoso artículo 5 del RD 1299/2006, por el que se aprueba, además del nuevo cuadro de enfermedades profesionales, la posibilidad que cualquier facultativo del Sistema Nacional de Salud pueda declarar la sospecha de una enfermedad profesional. O la iniciativa de la Unidad de Patología Laboral del Parc Salut Mar de Barcelona, que saca partido al hecho que los pacientes atendidos en el Hospital disponen de más información clínica y laboral para confirmar, o no, la sospecha de una enfermedad profesional.
Compartir estas, y otras iniciativas, pueden efectivamente ayudar a que este problema de salud pública deje de ser secular.
22 agosto 2018
Excelente reflexión. Además de todos esos grupos de interés, merece mención especial la necesidad de formación de unos jueces de lo Social que no terminan de salir de su zona confort. La escasa o nula formación en el cancer ocupacional convierte a los jueces de lo social en vulnerables a los intereses de las grandes corporaciones. Necesitamos jueces formados y algo valientes.
22 agosto 2018
Outro ejemplo para incentivar la notificación de enfermedades associadas al mundo laboral fue el programa regional de la zona norte de Portugal implementado entre los años 2005-2017. Este programa regional no fue el único del país y fue promovido por la Administración Regional de Salud de La Zona Norte, IP.
La única entidade que certifica enfermedades profesionales es un departamento de la Seguridad Social denominado centro de protección de riesgos profesionales com sede social en Lisboa.
Estas iniciativas fueron organizadas por las unidades de salud pública dispersas en los agrupamentos de centros de salud detodo el país. Toda la documentación está disponible en el próprio site del Ministério de Salud.
4 septiembre 2018
Como bien dice Fernando, hay muchos actores e intereses por medio. Es de agradecer iniciativas como la de Juan Alguacil.
No creo sea casual que la formación de los médicos del trabajo siga siendo discriminada respecto a la de otras especialidades médicas en las que nadie pone en duda que deben responder al número requerido en la sociedad y pagadas en su totalidad por el sistema público, cosa que en modo alguno ocurre con esta especialidad, aunque de esa imagen por incluirse en el sistema MIR.
Con el nuevo sistema de declaración de las enfermedades profesionales no solo disponemos de una normativa homologable con los países más desarrollados, sino que posibilita que los médicos de familia, o cualquier otro especialista, pueda iniciar un proceso para que las patologías que diagnostica se declaren como profesionales. ¿Entonces donde está el problema para que sigan sin declararse? Muy sencillo, alguien podría cuestionarse de que si es verdad que los poderes públicos están más concienciados con este problema de salud pública, cómo es posible que no existan contenidos específicos de medicina del trabajo en el nuevo Grado de medicina. Igual que es inaceptable que no exista dicha especialidad en el sistema público de salud para que cualquier médico pudiera realizarle una consulta. No confundir los médicos que actúan como Servicio de Prevención del personal sanitario y que no tienen como función atender a la población general. Algunas experiencias positivas han contado precisamente con especialistas en medicina del trabajo que filtraran los casos dudosos para el resto de especialidades médicas.
Lo que si no me cabe ninguna duda es que el problema no se va a arreglar con nuevas normativas, excusas que al igual que las Comisiones se suelen plantear para que todo siga igual.
Entre los aspectos más positivos, y que pueden generar optimismo, es que la formación de los especialistas en medicina del trabajo es de mucha más calidad que hace años. El problema es el ínfimo número de especialistas existente, con peor previsión de futuro inmediato y la ausencia de la especialidad en el Sistema Público de Salud. Solo con esto no se va a arreglar todo pero si los considero temas prioritarios.