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Expertos en nutrición proponen cinco políticas alimentarias para prevenir la obesidad

Nota prensa marzo 2018

Según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud, en 2017 casi un tercio de los menores españoles de 2 a 7 años padecían exceso de peso y uno de cada diez presentaba obesidad. En términos de impacto económico, el 2% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud, unos 2.000 millones de euros, se dedica a sufragar el sobrecoste directo del tratamiento del exceso de peso, a lo que hay que sumar los costes por incapacidad laboral y la menor productividad en el trabajo, que se estiman en otros 2.000 millones de euros. Por ello, el Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología acaba de presentar en la revista GACETA SANITARIA una lista de cinco recomendaciones de políticas alimentarias que, bajo las siglas PODER, buscan promover entornos alimentarios saludables en España.

Publicidad, Oferta, Demanda, Etiquetado y Reformulación (PODER) son las cinco actuaciones que propone este grupo de expertos de la Sociedad Española de Epidemiología. Los autores advierten que, aunque los Estados se han adherido a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para crear entornos alimentarios saludables, tan solo en contadas excepciones se han traducido en políticas efectivas. “Tal es el caso de España, con una Estrategia de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) basada en medidas educativas y en dudosas colaboraciones público-privadas, plasmadas en convenios voluntarios y acuerdos de autorregulación”, apuntan.

Por ello, proponen una batería de medidas aplicadas con éxito en otros países. La primera de ellas hace referencia a la publicidad alimentaria, en su mayor parte de alimentos y bebidas no saludables, y que tanto influye en las preferencias alimentarias, los hábitos de compra y los patrones de consumo alimentario de los menores. A merced del código PAOS, un acuerdo de corregulación entre la Administración española y las industrias alimentaria y de la publicidad, los expertos proponen una norma de obligado cumplimiento que, aplicando el perfil nutricional de la región europea de la OMS, regule todos los medios publicitarios al alcance de los menores y en horario infantil (televisión, cine, internet, cartelería, videojuegos, telefonía móvil, patrocinios, etcétera).

Esta normativa debería prohibir las técnicas de marketing promocional (descuentos, ganchos comerciales, etcétera), los patrocinios de congresos o eventos deportivos y la utilización de avales de asociaciones, corporaciones, fundaciones o instituciones relacionadas con la salud y la nutrición para la publicidad o la promoción directa o indirecta de alimentos y bebidas no saludables.

La segunda medida se centra en la oferta alimentaria de las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas. En España, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición prohíbe la venta de productos con un alto contenido en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares en las escuelas infantiles y los centros escolares, pero el reglamento que debía establecer los límites permitidos no se ha desarrollado todavía.

Por ello, los expertos proponen a las administraciones públicas que garanticen que el 100% de la oferta alimentaria de las máquinas expendedoras en centros educativos, sanitarios y deportivos sea saludable y que se oferte al menos el 50% de productos saludables en otro tipo de centros públicos y concertados con financiación pública. Para ello, las autoridades deben establecer un listado de productos saludables permitidos, principalmente frescos o mínimamente procesados, y determinar los contenidos máximos permisibles en grasas saturadas, sal y azúcares en los productos procesados que se oferten.

Las bebidas azucaradas, principal fuente de azúcares añadidos en la dieta de los españoles, es el tercer foco de esta batería de medidas alimentarias saludables. En este caso, la propuesta se centra en aplicar un impuesto que se traduzca en un aumento de al menos el 20% en el precio a los consumidores de todas las bebidas azucaradas, entendidas como cualquier bebida con azúcar u otro edulcorante calórico añadido, como son los refrescos, las bebidas deportivas, las bebidas energéticas y los zumos industriales. En el caso de Cataluña, el impuesto de 0,08 euros por litro para bebidas con una cantidad de azúcar entre el 5% y el 8% y de 0,12 euros por litro para bebidas con una cantidad superior al 8% introducido en 2017 redujo a corto plazo un 22% las compras de estas bebidas.

La cuarta medida hace referencia al etiquetado de los alimentos. Los autores de este artículo apoyan el modelo de etiquetado frontal conocido como Nutri-Score, el escogido por el Gobierno para su implantación. Se trata de un modelo que calcula, por cada 100 gramos de alimento, el contenido en componentes considerados no favorables para la salud, como calorías, azúcar, grasas saturadas y sodio, y de los considerados favorables, como proteínas, fibra, frutas y verduras, para ofrecer en el etiquetado frontal una graduación de colores en cinco letras (ABCDE), desde la mejor calidad nutricional (la letra A en verde oscuro) a la peor (la letra D en rojo oscuro).

El Nutri-Score fue el etiquetado más informativo y que mejor ordenaba los alimentos según la calidad nutricional en un estudio reciente realizado en 12 países, incluido España, que comparaba cinco variantes de etiquetado frontal. Por eso, los expertos recomiendan su aplicación generalizada, dada su baja proporción de adopción por parte de la industria. Proponen incentivar a las empresas alimentarias para que apliquen de forma generalizada este modelo de etiquetado, exigir su uso para las concesiones de contratos en licitaciones públicas y prohibir las alegaciones nutricionales o de salud en los envases de los productos con calificación D o E.

La última línea de actuación se centra en la reformulación de productos con la industria alimentaria. Se trata de mejorar el contenido de ciertos nutrientes de los alimentos y bebidas, sin aumentar la energía y otros nutrientes, y manteniendo la seguridad alimentaria, el sabor y la textura para que el producto siga siendo aceptado por los consumidores. En 2018, el Ministerio de Sanidad firmó varios acuerdos con fabricantes y distribuidores de alimentos y bebidas para reducir voluntariamente, en los tres años siguientes, una media del 10% el contenido de sal y azúcares, y del 5-10% de grasas saturadas, en 13 grupos y 57 subcategorías de sus productos, lo que implica reformular más de 3.500 productos.

Los expertos proponen reforzar el plan mediante el establecimiento de su carácter obligatorio, con objetivos más ambiciosos, la inclusión de las categorías alimentarias de consumo más frecuente y mayor contenido en azúcares, sal y grasas, como las bebidas refrescantes y los cereales de desayuno de todos los sabores, y la aprobación de un plan riguroso y detallado de evaluación, que establezca sanciones por incumplimiento.

Referencia bibliográfica
Miguel Ángel Royo-Bordonada et al. Políticas alimentarias para prevenir la obesidad y las principales enfermedades no transmisibles en España: querer es poder. Gac Sanit. 2019. Disponible en:
http://gacetasanitaria.org/es-politicas-alimentarias-prevenir-obesidad-principales-avance-S0213911119301530?referer=buscador

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